Los expertos aseguran que en los últimos años la radiación electromagnética que recibimos los ciudadanos ha aumentado millones de veces por culpa de las nuevas tecnologías. Un número cada vez mayor de ondulaciones de distintas frecuencias inundan las calle de nuestro entorno urbano, impactando como dardos indiscriminados, rebotando y colándose en los domicilios particulares sin permiso, como un enemigo invisible, silencioso, no deseado.

Desde hace años, los colectivos ciudadanos, asociaciones vecinales y organizaciones ecologistas exigen a las distintas administraciones que regulen este fenómeno que ha empezado a desbordarse. La incapacidad de las administraciones central, autonómica y local para dar respuestas convincentes a las preocupaciones y miedos de los ciudadanos es alarmante. Son muchos los ejemplos de zonas o municipios donde los vecinos han conseguido forzar, con movilizaciones o denuncias, la regulación su desmantelamiento. Es antigua, igualmente, la reclamación a las administraciones locales para la elaboración y aprobación de ordenanzas que regulen la instalación y funcionamiento de las antenas de telefonía móvil.

Las plataformas ciudadanas vienen exigiendo cada día con más urgencia y preocupación la confección de estudios radioeléctricos y epidemiológicos, así como la extrapolación de los datos obtenidos para la confección de los correspondientes mapas; sobreponiendo uno y otro, el técnico y el sanitario, obtendríamos una visión clara de la influencia de las ondulaciones, el carácter más o menos maléfico y su incidencia en la salud de las personas.

Casi nadie pone en duda que la radiación electromagnética, tanto la de baja frecuencia producida por las líneas de alta tensión como las microondas producidas por las antenas de telefonía móvil o los propios terminales, tienen una incidencia negativa en la salud de las personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura en su web que las emisiones electromagnéticas son «un posible carcinógeno humano». Sin embargo, en términos generales, los estudios científicos que sirven de base para las recomendaciones oficiales e informaciones tanto sanitarias como de márquetin o mercadotecnia que llegan al ciudadano, ofrecen resultados confusos en función de la empresa que paga el estudio o del patrocinador de la entidad que lo encarga.

La mayoría de los estudios, incluso los que no concluyen en el carácter perjudicial de la radiación electromagnética, confirman los tremendos «efectos térmicos» debido a la absorción por el cuerpo humano de la energía emitida por las microondas; una sensación que se puede comprobar fácilmente, incluso con el uso de los propios terminales telefónicos; una larga conversación puede llegar a producir efectos «caloríficos» sobre la oreja y la piel cercana al contacto.

Se pretende, desde las empresas comercializadoras del servicio de telefonía y de algunas instituciones irresolutas, desmentir o minimizar los daños a la salud con la única excusa de la ausencia de datos científicos que prueben los daños. ¡Qué terrible ocasión perdida para ser prudentes con lo desconocido, ignoto o no demostrado científicamente! Y sobre todo, respetuosos con el principio consagrado en la Constitución de la inviolabilidad del domicilio. Cada día son más frecuentes las sentencias judiciales que, ratificando el principio constitucional de la inviolabilidad del domicilio, se pronuncian contra la inmisión no autorizada de la radiación electromagnética y otros monstruos invisibles como el ruido o la contaminación, incluso la odorífera.

Cada día llegan más estudios en los que se comprueban los riesgos de la radiación electromagnética para las partes más sensibles del cuerpo humano como el cerebro o las terminaciones nerviosas, y las posibles alteraciones en la molécula de la vida, el ADN y la secuencia genética que representa, las perturbaciones en la actividad eléctrica del cerebro o los cambios en los procesos enzimáticos. Van mucho má allá de los daños psicológicos y sociales que producen el ruido o los olores.

Resulta evidente que las recomendaciones y límites de la emisión que llega a las personas están desfasados. España se acoge a las recomendaciones que hace la La Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). Los límites que impone esa organización pueden considerarse absolutamente desfasadas desde hace años. Países como Italia o Suiza han reforzado y aumentado la protección a los ciudadanos.

En el año 2002 el Ayuntamiento de Getafe anunció la intención de estudiar el problema suscitado por el funcionamiento de estos «mostruos», incluso la de aprobar una moratoria en la instalación de nuevas antenas y en la ampliación de las ya existentes. Desde entonces nada, salvo la actitud firme y reivindicativa de los vecinos de la zona centro en lucha por el desmantelamiento de las antenas que desperdigan esa nube de emisiones fuera y dentro del domicilio de los vecinos.

Desde entonces, los responsables políticos de urbanismo y medio ambiente no habían vuelto a tomar iniciativa alguna; es ahora, seis años después, cuando el Ayuntamiento de Getafe acomete, «gracias» a las presiones vecinales, la redacción de una «Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones urbanísticas de instalación y funcionamiento de infraestructuras radioléctricas».

El texto de la ordenanza disponible para cualquier interesado en la web municipal ha sido elaborado, creemos, por los propios técnicos del departamento de licencias del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Getafe, arquitectos o aparejadores, sin más preocupación por el tema que los que derivan de las condiciones de funcionamiento de cualquier actividad no contaminante y la escasa estética de las antenas instaladas sobre los tejados.

Es triste comprobar que en los diecisiete folios (impresos con letra de un tamaño tipográfico generoso) se repita hasta nueve veces lo importante de minimizar «el impacto visual». Lo importante es ocultar, minimizar, como dice el técnico municipal, «regular las condiciones urbanísticas, -como objeto de la ordenanza- a las que deben someterse la instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas de telecomunicaciones en el término municipal de Getafe, a fin de que su implantación se realice con el mínimo impacto visual en el entorno urbano y rural». ¡Qué ignorancia, qué frivolidad y qué ligereza! Los Servicios Jurídicos y el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getafe deberían haber aportado y propuesto algo más. Incluso los técnicos de Urbanismo encargados del planeamiento podían haber entrado en consideraciones futuras que clasifiquen esta actividad presuntamente nociva para su inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana.

La propuesta de ordenanza es simple y superficial, pero aún con ella, como instrumento básico, podrían los vecinos conseguir el cese y la desinstalación de algunas de las antenas más «impactantes» del término municipal como son algunas de las ubicadas en terrenos o tejados públicos, como la de la foto superior que «enfoca» las carísimas viviendas de la Tropic Costa desde el Polideportivo de Magallanes, la del Sector-3 junto a viviviendas y colegios, o la que se erige sobre la cubierta del Centro Cívico de San Isidro, por citar algunas.

Si el texto de la ordenanza es malo, pero útil en un primer momento para realizar alegaciones para su mejora o modificación, dentro del plazo fijado por la Ayuntamiento de Getafe (hasta el próximo 30 de abril), peor es la última declaración oficial del gobierno municipal sobre el tema de las antenas, realizada esta semana por su primer edil, Pedro Castro Vázquez, que asegura haber solicitado a la Comunidad de Madrid un «estudio epidemiológico». Pedro Castro, que además ostenta el cargo de Presidente de la Federación de Municipios y Provincias, ha insistido en que esa solicitud no responde a las dudas que pueden surgir sobre los efectos nocivos que este tipo de instalaciones pueden tener para la salud, sino para «sustentar nuestras afirmaciones que no existen riesgos para los vecinos de las calles próximas». Bonita excusa.

Esta nueva argucia provocará que el Ayuntamiento de Getafe, según anunció el alcalde, no aprobará ninguna nueva ordenanza sobre instalación de antenas hasta que no se realicen los citados estudios. Total, nunca. Somos muy escépticos en cuanto a que la Comunidad de Madrid aporte los estudios requeridos. Qué manera más bellaca de engañar, de nuevo, por enésima vez, a los vecinos. Según Pedro Castro, que se ha vuelto absolutamente liberal, la «mejor manera de quitar las antenas de telefonía de nuestro término municipal es que las comunidades de propietarios no las autoricen». Increíble.

La responsabilidad del urbanismo, de las normas de instalación y funcionamiento de las antenas de telefonía las «ha delegado», en nota de prensa, a las comunidades de propietarios. Penoso. El alcalde, en función de lo dicho por él mismo, debería retirar la autorización a las empresas suministradoras del servicio para la instalación en zonas públicas. Como excusa es lamentable; y patético, como discurso político.

¿Quién y cómo podría realizar el mencionado estudio epidemiológico que solicita nuestro primer edil en el caso probable que la comunidad lo tome a choteo «castrista»? ¿Quién trasladará los datos a un mapa técnico donde figuren las antenas de telefonía, la dirección en la que emiten y su potencia, las líneas de alta y los transformadores de media tensión, su nivel de radiación electromagnética; quién añadirá, de manera previsora, las emergentes zonas wifi del municipio para su seguimiento futuro?

Veamos algunas alternativas a la actitud burda y dilatante del alcalde de Getafe. Primera. Entre el año 2000 y el 2004 se diagnosticaron en la ciudad de Gijón siete mil casos de cáncer. Doce alumnas y alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Ascensión de esa ciudad, dirigidos por su profesor de Física y Química, realizaron un completo estudio de investigación en el que se viene a relacionar la emisión de las antenas de telefonía móvil y su incidencia en las estadísticas sobre el cáncer y su ubicación, incluso en determinadas direcciones hacia donde apuntan sus rayos las estaciones base. El trabajo de los estudiantes no entra en opiniones ni apreciaciones subjetivas. El propio estudio las evidencia.

Segunda. Si los técnicos municipales no son competentes al efecto, ni tenemos un colegio con muchachos y muchachas tan aplicados como los de Gijón, podríamos pensar en una solución como la adoptada por el Ayuntamiento de Bañolas (Gerona) y la Universidad Politécnica de Barcelona con la firma de un convenio para la elaboración de un estudio previo a la redacción de la ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de los monstruos de los tejados.
Nos gusta este último ejemplo como patrón o modelo ideal; y más en una ciudad que tiene un marcado carácter académico gracias a la Universidad Carlos III y que se verá reforzado con el asentamiento de la Universidad Politécnica y de la Universidad Nacional a Distancia; no olvidemos en el reparto al Hospital Universitario. Creemos que el ayuntamiento de Getafe debería seguir por el camino trazado previamente a las declaraciones del presidente de la FEM y aprobar la ordenanza con las sugerencias lógicas que aporten técnicos, juristas y vecinos en general, y que la misma incluya la firma de un convenio con las universidades getafenses para confeccionar un informe que retrate las diferentes aspectos de ese monstruo invisible y casi desconocido: urbanísticos, técnicos, jurídicos, sanitarios, etc..

Redactada desde la complacencia en los aspectos estéticos, el texto base de la ordenanza huye del fondo y la forma de un problema que suscita miedo en los vecinos; y casi con toda seguridad, enfermedades. Ni siquiera una referencia a la recomendación del Consejo de Europa para que las administraciones se rijan, en cuanto a los aspectos y consecuencias sanitarias, presuntamente desconocidas, por el principio de precaución al que se deben nuestros administradores y gobernantes cuando se habla de la salud. De nuestra salud. Esperemos que sea sólo un texto soso e incompleto y no sea el primer edil el que, con su nueva actitud, esquive de nuevo un compromiso con los vecinos; y, más grave, con su salud.

La nueva ordenanza ha de contemplar, siendo ello competencia municipal, quién lo duda, la calificación urbanística de los terrenos y ubicaciones donde pueden funcionar estas instalaciones especiales. Ha de fijar, y puede, la distancia que medie sin excusa entre los distintos emisores y las viviendas (nunca menor de 400 metros y por supuesto, nunca en los tejados de los edificios). Delimitar los «entornos sensibles», como colegios, guarderías, institutos, universidades, hospitales o residencias geriátricas, en los que esa distancia protectora aumente hasta un mínimo de 500 metros. Eso para empezar.

La futura ordenanza getafense, debe contemplar además, como su nombre indica el resto de infraestructuras radioléctricas, las radiaciones electromagnéticas producidas por las líneas de alta tensión o las emitida por los transformadores de media tensión que funcionan adosados a viviendas y las redes wifi.

En cuanto a los aspectos estéticos y la obsesión municipal por minimizar el impacto visual sugerimos, considerando lo expuesto anteriormente y las distancias a las zonas residenciales citadas, que se adopte el sistema de camuflaje «tipo árbol»; lo hemos visto en el sur de Portugal y en el norte de Madrid). Se trata de un poste terminado como si fuera un árbol entre cuyas ramas verdes se camuflan las pantallas emisoras de la antena. Un «monoposte» anti impacto publicitario en forma de pino, de ciprés o de palmera como la que ilustra estas líneas y que forma parte del paisaje de California. A gusto del técnico municipal de turno.