El ayuntamiento de Getafe es como el niño malo que, no habiendo aprovechado el curso escolar, engaña a sus padres y les dice que ha «aprobado con nota» para asegurarse unas buenas vacaciones. Getafe ha suspendido el curso.

En junio (dos días antes de las elecciones de mayo, la Comunidad de Madrid «aprobó» el Plan General de Ordenación Urbana de Getafe de forma ligera y precipitada, pendiente de subsanar numerosas irregularidades, -como, por ejemplo, no cumplir la Ley del Suelo-); y en septiembre, con los deberes sin hacer, Getafe se vuelve a presentar a examen, de nuevo en busca de la ayuda del «amigo Gallardón» (otra vez dos días antes de las elecciones y con un Consejo de Gobierno muy, muy, muy en funciones, le tiene que dar calabazas con una aprobación que ordena la publicación (13 de octubre) que riza el rizo de publicar lo que se tiene que publicar, pero sin aprobar…¿se entiende?).

Getafe ha vuelto a suspender, claro. Este niño tiene una cara muy dura; el resto es una farsa. El pasado día 11 de diciembre se publicaban las normas urbanísticas para que lo aprobado del plan «entrase en vigor» .

El Plan General de Ordenación Urbana de Getafe (PGOU) está aplazado en los sectores más importantes (El Rosón, Los Molinos, Buenavista y Perales del Río) según lo publicado por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con fecha 11 de diciembre .

Getafe repite curso. Y deberíamos dotarnos, en base al interés general de los ciudadanos, del debate y la crítica que tan poco gusta, debate que se nos pretende hurtar con burdas y viles descalificaciones de políticos fracasados.

La revisión del PGOU ha profundizado en la arbitrariedad y la injusticia cuando asigna distintas edificabilidades en un mismo área en función del propietario, distintos modelos de gestión, decisión que se provoca no por la voluntad, la ignorancia o el capricho de quien la adopta, no en función del interés general, sino en función del propietario del suelo, precisamente en base a la esencia misma de la arbitrariedad y la especulación. Incluso ocultando los verdaderos propietarios para no mostrar sospechas ante la Administración superior.

Exigir a la Administración, a los que forman o han formado parte de ella, que den cuenta de sus actos, que clarifiquen las razones que les mueven a elegir una solución o tomar una decisión y no otras, y confrontar esas razones con la realidad para ver su consistencia, puede y debe interesar a todos los ciudadanos: «Juzgar a la Administración es una garantía, y una garantía esencial en un Estado de Derecho, que sin ello no podría siquiera merecer tal nombre, razón por la cual la Constitución no sólo la otorga a todos sin excepción alguna, ni personal, ni objetiva, sino que la asegura a ultranza en todo caso poniendo a su servicio, incluso, el amparo constitucional»
Muchos ciudadanos exigimos que se expliquen las razones que llevan a la Administración, por ejemplo, a cambiar más de 20.000 metros cuadrados edificables a cambio de una escuela infantil de 900 (la Comisión de Gobierno sabe por el concurso de Getafe Norte que el metro cuadrado de vivienda libre en Getafe costaba en esos momentos más de 1.000 euros; la construcción en torno a 700 euros. ¿El que era edil de urbanismo sabe matemáticas básicas? ¿20.000×1.000 = 900×700?
Por ejemplo, a conocer las razones del desarrollo «Tordesillanos» en el que se cambian unos terrenos ocupados desde hace tiempo por el Ayuntamiento para campitos de fútbol en Perales del Río y de los que nadie se había preocupado hasta que se adquieren por determinadas empresas. Y es, precisamente entonces, cuando el Ayuntamiento aprueba «in extremis» el «convenio» en el que se le asigna una edificabilidad residencial junto a El Bercial para beneficio de los mismos particulares de siempre, y con unas plusvalías que pueden superar los 18 millones de euros (¿han vendido a otra empresa antes de la aprobación por el Pleno del convenio?) uy, uy…
Por ejemplo, se debe explicar la razón por la que en El Rosón, donde se proyectan 2.750 viviendas (la mitad de El Bercial) no se destina reserva alguna de viviendas protegidas contra el 80% que se impone en otros sectores.
¿Por qué el coste de los puentes previstos entre El Bercial y el Rosón no es sufragado igualmente y en proporción a los beneficios generados por El Rosón? Se debe explicar la razón de ubicar unos puentes que cuestan más de 12 millones de euros y que, cuando se cumpla el sueño del alcalde de enterrar la N-401, habrá que tirar a la basura? ¿Tendrá que ver con la expropiación de alguna industria del Polígono El Rosón que se resiste a pactar con los de siempre?
La motivación de todas estas decisiones puede ser la diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario. Si no hay motivos que beneficien el interés general, la decisión o decisiones se habrán basado en la «voluntad» de quienes la adoptan o en el poder personal de aquellos que representan la administración de los vecinos, apoyo insuficiente en un Estado de Derecho.

La conclusión más evidente es que el alcalde, el anterior edil de Urbanismo y los Servicios Técnicos Municipales han sido incapaces de aprobar el Plan General en cuanto a lo que más le preocupa a los vecinos: la vivienda. Y hay que recordar que el Ayuntamiento destinó unas buenas «pagas extras» a los técnicos y funcionarios para «intentar aprobar» esta asignatura.
Pero el curso del anterior concejal de Urbanismo sólo pasará a la historia local por haber aumentado la tradicional «limitación de alturas» de los edificios y que, en algún caso, en el casco urbano, ha pasado de tres o cuatro a nueve.

«Valgan las reflexiones para acreditar que la discrecionalidad del planeamiento tiene límites y que, por tanto, cabe enjuiciar las decisiones adoptadas que en muchos casos no parten de la necesidad de resolver problemas de interés general, sino que, en su mayoría, se crean artificialmente para que, con ella, se produzca el escandaloso enriquecimiento de particulares. Y con absoluto desprecio del interés público.»

En la fotografía: Francisco J. Hita Gamarra, ex concejal del urbanismo
Artículo publicado en la revista Observador
Getafe (Madrid), diciembre de 2003