El urbanismo de Getafe en los últimos 24 años, hasta la publicación por parte de la revista Época del reportaje «El Clan de los mil millones», ha dejado numerosas dudas, conflictos, ambigüedades y decisiones de dudoso interés general. Ya no es un comentario de bar; algunos de los ex concejales socialistas que diseñaron el Planeamiento se han enriquecido a costa del mismo. Sin embargo, estos años se ha fraguado una historia, casi un telefilme de los 80, que tiene que ver más con las miserias de la vida que con la vida pública. Un mismo orígen que se ha transformado, como daga del destino, en situaciones dispares. Uno rico y el otro pobre.
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Dice la canción que «veinte años no es nada»; y doce, menos todavía. En 1991 tomaban posesión de su cargo Pedro Castro, como alcalde, y Jesús Neira, Antonio Alonso, Francisco Hita, José Antonio Serrano y José Luis Rivas, entre otros, como concejales. El reparto de funciones unió a Se­rra­no y a Neira; éste último, concejal delegado de Urbanismo, será durante cuatro años el jefe de Serrano que se ocupa de Obras y Mantenimiento, una «delegación menor» pero que le viene como anillo al dedo. Tiene ideas que ya rondan en la mayoría de los concejales: vivir del urbanismo y de la construcción. Unos lo han conseguido; Serrano, más conocido en el municipio por «el metralleta», afronta su peor pesadilla.
Hoy, tres legislaturas después, la mayoría de aquellos concejales se enfrentan a la vida desde la «iniciativa particular». Ya no son concejales, pero la mayoría comen (y bien) de lo que aprobaron en la época en la que sus decisiones marcaban el límite de lo urbanizable y las zonas verdes o los equipamientos.
A pesar de la grandilocuencia de las palabras de Antonio Alonso, que «puso las manos en el fuego» por José Antonio Serrano (evidentemente, se las ha quemado), lo cierto es que la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó en el mes de abril de este año la condena de cuatro años de prisión menor y ocho de inhabilitación especial para empleo de cargo público por cohecho, quince meses de prisión por maquinación para alterar el precio de las cosas y una multa de 222.374 euros que impuso la Audiencia Provincial de Madrid al ex concejal.
Según la sentencia del Tribunal Supremo, que pasó inadvertida en mayo por la anterior campaña electoral y a la que tuvo acceso este medio, los magistrados ratificaron así los delitos que imputó la Audiencia Provincial a Serrano: cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas.

10 POR CIENTO

Según la Audiencia Provincial, José Antonio Serrano percibió comisiones en metálico del contratista Enrique Álvarez Arana a cambio de adjudicaciones de obras a través de la con­ce­jalía que comandó Serrano entre 1988 y 1994.
Las comisiones que percibía José Antonio Serrano ascendían a un 10 por ciento de cada obra adjudicada a cualquiera de las empresas de Arana, entre ellas Praper, SA y superaron, según la sentencia de la Audiencia Provincial, los 60.000 euros.
La Audiencia Provincial aseguró además en su sentencia que esto fue posible porque «el sistema de contratación de obras permitía influir al Sr. Serrano (…) en la selección de las empresas (…) sin ningún tipo de control»….(¿?) Parece que Alon­so se quemó las manos, pero, ¿y Neira? Ni siquiera las puso frente a la lumbre. Hacía mucho calor.

CASO ÁLVAREZ ARANA

El caso «Álvarez Arana», como se conoce popularmente este asunto, resuelve judicialmente uno de los muchos escándalos políticos del municipio. A diferencia de otros, éste ha llegado, prácticamente, hasta el final. Saltó a la luz pública en 1994, lo que provocó la dimisión del ex edil después de que el empresario Arana revelase que había pactado con él –a propuesta del ex concejal- la adjudicación de obras a cambio de comisiones.
Una querella del hermano de Álvarez Arana en 1994 llevó a éste a los tribunales, donde confesó haber pactado con José Antonio Serrano el pago de comisiones a cambio de obras.
En el sumario, y como punto de unión para certificar la relación que ambos mantenían, se asegura que José Antonio Serrano y Enrique Álvarez Arana planificaron la creación de una empresa. Se declaran como hechos probados que «buscando asegurarse el Sr. Serrano un más estrecho control de la contratación y unos mayores beneficios, acordó con el Sr. Arana constituir una empresa en la que serían accionistas las respectivas esposas, que pudiese concurrir a los concursos de adjudicación de obras del Ayuntamiento de Getafe». Con esta finalidad constituyeron la empresa Aucarán, SL en el mes de noviembre de 1990. En pacto privado al margen de la escritura de constitución las socias de Aucarán vendieron 11 días después de la constitución de la sociedad el 25 por ciento de las participaciones sociales a Isabel Martín Bena, esposa del Sr. Serrano. El citado pacto se realizó «sin contraprestación alguna», indicó la sentencia. Desde entonces diferentes instancias judiciales han venido emitiendo sentencias condenatorias contra José Antonio Serrano.
En la actualidad, José Antonio Serrano, al que le ha sido denegado el indulto, está pendiente de un “último recurso” ante el Tribunal Constitucional en un intento por retrasar el ingreso en prisión.
José Antonio Serrano fracasó, pero abrió el camino a los socialistas que empezaban a creer en el «capital». Constituyeron empresas que ocultaban los socios, que disimulaban el objeto social y que no iban a competir en igualdad con el resto de empresas del municipio; en su momento se aprovecharían de lo que ellos mismos habían aprobado en el Plan General de 1995. ¡Así cualquiera!
Así, mientras sus compañeros de partido en el Ayuntamiento (Neira, Alonso y Rivas) se enriquecen, él está a punto de ir al «trullo» y por sólo sesenta mil cochinos euros y algunos «favorci­llos» en el chalet que tenía el edil en la localidad de Ugena.
Jesús Neira participa, como administrador, en quince sociedades; simplemente el capital social es enorme; el valor de las propiedades es casi inconmensurable; las cuentas inscritas de las sociedades, «de hipo», imagínense.
Está directamente implicado en los desarrollos urbanísticos de la Huerta del Jardinero, El Bercial, El Rosón Perales del Río, El Ventorro, Costa de Vigo, Plaza Porticada (Hospita­lillo); directamente y con contratos privados. Su socio, Antonio Alonso, también es rico a costa del ladrillo. Quién le diría que acabaría comiendo de El Rosón, en el que tanto sufrió. Entre ambos controlan el Getafe CF. Cualquier día llegará a presidente. Como Florentino; o Gil.
Se trata del primer capítulo de «hombre rico, hombre pobre».

Artículo publicado en la revista OBSERVADOR
Getafe (Madrid), noviembre de 2003